En sentencia anunciada el 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Colombia como responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de 6,000 integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (UP).
El partido Unión Patriótica se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano.
Según el recuento de la Corte, con el rápido ascenso de UP dentro de la política en Colombia se crearon alianzas de sectores de la política tradicional, fuerza pública y empresarios con grupos paramilitares para contrarrestar el auge del partido.
“La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros. Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad”.
El Tribunal consideró que los hechos violaron las obligaciones internacionales del estado colombiano a través de acciones de responsabilidad directa de agentes estatales, así como mecanismos de tolerancia y colaboración para que éstos se llevaran a cabo.
La Corte IDH declaró al Estado colombiano responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión, además de la libertad de asociación y política a través de:
a) la obstaculización de su actividad política con violencia física y simbólica
b) las acciones y omisiones a su deber de protección hacia las víctimas
c) las acciones y omisiones para proteger la integridad física y psicológica de los integrantes y militantes de la UP estigmatizados por pertenecer a dicha agrupación política
d) el retiro de la personería jurídica de la Unión Patriótica
Acciones requeridas por parte del Estado colombiano
En la notificación de la sentencia hecha a las partes el 30 de enero de 2023, la Corte anunció que el fallo en sí era considerado como una forma de reparación, a la vez que pidió al estado colombiano la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Otras de las medidas de reparación incluyen:
a) iniciar, impulsar, reabrir y continuar las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos ocurridos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir
b) efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce
c) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten
d) crear una Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de varias de las víctimas del caso.
e) presentar a la Corte un informe sobre los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes de dirigentes, miembros y militantes de la UP (con el acuerdo de las representantes del partido)
f) pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales acordadas en la sentencia.
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Reacciones a la sentencia de la Corte IDH
Las víctimas recibieron con beneplácito el anuncio de la sentencia, en especial la orden de acompañamiento y atención a los miembros políticos de la Unión Patrióticas , así como el restablecimiento de sus derechos.
“Con esta decisión de la Corte Interamericana, las víctimas nos sentimos en parte reparadas. Aquí no existe ninguna posibilidad de interponer algún recurso, el Estado asesinó a la Unión Patriótica. Hoy, se nos ha dado la razón de todas las denuncias interpuestas, se seguirá conociendo la verdad, para que nadie en Colombia sea asesinado por sus convicciones políticas, independientemente de cuales sean” Senadora Aida Avella.
La respuesta del estado colombiano ha sido de acatamiento. En rueda de prensa, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró el mensaje presidencial de respetar las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos:
“Pueden tener la confianza que revisado con detenimiento este fallo de la Corte, el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional en su conjunto acatará absolutamente esta decisión”.
En cumplimiento con el fallo de la Corte IDH, el Senado de la República de Colombia, realizó una sesión solemne el 7 de febrero de 2023 en donde, el congreso en pleno, rindió homenaje a los dirigentes, familiares y simpatizantes del Partido Unión Patriótica.
“Solamente tiene sentido si además del perdón, Colombia se comprometiera a no repetir las masacres, a no seguirnos matando” dijo el Presidente del Congreso , Roy Leonardo Barreras Montealegre