El 27 de noviembre de 2018, ABColombia, Colombia Gruppen y FOKUS, junto a organizaciones de la sociedad civil colombiana, realizaron el conversatorio y lanzamiento del informe “Hacia un cambio transformador: Las mujeres y la implementación de los Acuerdos de Paz” en Bogotá.

Abajo puede leer la transcripción, en español, del discurso de Louise Winstanley, Gerente de Programas e Incidencia de ABColombia, durante este evento. El video del conversatorio está disponible en Youtube.

Gracias por venir al lanzamiento de este informe, que es el resultado de un trabajo conjunto entre OSC colombianas, suecas, noruegas, irlandesas y del Reino Unido. El informe tuvo su origen en una conferencia que hicimos en Londres el año pasado. Las discusiones y recomendaciones que surgieron de esta conferencia llevaron a su redacción, por lo que su contenido analiza los acuerdos clave que benefician a las mujeres, juntos con los avances en la implementación realizados hasta ahora.

El conflicto ha afectado a hombres y mujeres de manera muy diferente. Mientras que los hombres están sobrerrepresentados en las estadísticas de homicidios, desapariciones forzadas y secuestros, las mujeres están sobrerrepresentadas como víctimas de violencia sexual y de género y del desplazamiento forzado. Sin embargo, las mujeres no solo son víctimas o combatientes, también son constructoras de la paz. El movimiento de mujeres en Colombia es fuerte. Las mujeres también lideran muchas ONG colombianas. Y  es desde esta perspectiva que este informe ha sido escrito.

Con la implementación del acuerdo de paz ha habido avances. El instituto Kroc ha manifestado que el 33% de los acuerdos ha sido implementado completamente. Pero no ocurre lo mismo con los acuerdos que contienen temáticas de género, pues solamente el 4% ha sido implementado completamente. Entonces, uno de los retos es que la transversalidad de género continúe en la implementación de los acuerdos. Porque mediante de la implementación del Acuerdo, Colombia tiene la oportunidad de renegociar el poder político de las mujeres, y de promover la igualdad de género y un cambio verdaderamente estructural.

El informe demuestra que mientras las mujeres participan en la implementación del AFP, su intervención tiende a estar en los niveles inferiores y medios de toma de decisiones, pues todavía son minoría en las discusiones que no sean sobre género y continúan siendo excluidas de los comités de toma de decisiones de alto nivel. Y por estas razones las medidas afirmativas contempladas en el AFP serán esenciales para abordar la desigualdad estructural y las barreras institucionales.

Un tema crucial para las mujeres es el tema de la restitución de tierra, el acceso a la tierra y el desarrollo en zonas rurales para enfrentar la pobreza y promover la economía campesina. El capítulo uno cubre esto.

Allí, a su vez, uno de los temas centrales es el referente a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – Los PDETs. Estos planes ofrecen una oportunidad importante para la participación de la sociedad civil a nivel local en la planificación del desarrollo a través de la realización de talleres. Aunque las mujeres ya han participado en estos espacios, las ideas aportadas por ellas no siempre han sido incluidas en los planes. Justamente, lo que falta es una perspectiva de género transversal en estos planes de desarrollo.

Las condiciones de extrema pobreza en zonas rurales y la falta de alternativas llevaron a algunas mujeres (y hombres) al cultivo de la coca, creando una nueva categoría de agricultores llamados cocaleras y cocaleros. En las zonas rurales, dichas condiciones afectan mayoritariamente a las mujeres, por lo que el cultivo de coca resultó ser un salvavidas para su supervivencia y un medio para mantener a sus familias y, a menudo, para escapar de la violencia doméstica. Pero a pesar de ser un cultivo de subsistencia sostenible, la coca también ha reforzado el empobrecimiento estructural y ha encerrado a las mujeres en un sistema económico ilegal.

El enfoque adoptado en el acuerdo implica la sustitución voluntaria para pequeños y medianos productores basados en consideraciones sociales y de salud, en lugar de  enfocarse en  la criminalización. Si bien el capítulo sobre drogas ilícitas tiene un enfoque de género, para que exista una alternativa viable para las mujeres cocaleras, es imperativo que las políticas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) aborden las realidades de las mujeres rurales a través de un enfoque integrado de las múltiples formas de discriminación que impactan en sus vidas.

Una construcción de un plan a un nivel muy local como los PDET ofrece la oportunidad de enfrentar estos problemas estructurales desde una perspectiva integral. Es esencial que los PDETs tengan un enfoque de género transversal para que puedan hacer un cambio estructural en las vidas de las mujeres.

Es importante señalar que, debido a la presión internacional, ha habido un importante retroceso en todos los acuerdos relacionados al cultivo de coca, unido al reinicio de la erradicación forzada. El regreso a la erradicación forzosa ha generado protestas sociales generalizadas, que a menudo terminan en una represión violenta. En consecuencia, nuestro informe afirma que esta erradicación implica un aumento del malestar social, en un momento en el que el gobierno colombiano necesita reconstruir el contrato social con las comunidades rurales y demostrar que puede cumplir y cumplirá sus compromisos.

También es crucial la manera en la cual los PDET son incorporados en el plan nacional de desarrollo, resulta esencial saber cuál es su prioridad y cómo se mantiene su integridad. Otros retos son la asignación de un presupuesto adecuado para la implementación y una armonización entre todas las políticas del estado.

Colombia ha desarrollado, paralelamente a los acuerdos, políticas económicas que dependen en gran medida de las industrias extractivas y agronegocios, entre otras, como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), que benefician de manera desproporcionada a los más poderosos. Las ZIDRES, por ejemplo, pueden limitar las posibilidades de acceso a la tierra de los más pobres e en consecuencia tener un impacto negativo sobre uno de los puntos esenciales del capítulo de reforma rural: promover la economía campesina.

Colombia debe asegurar que las nuevas políticas públicas estén armonizadas con las del AFP, a fin de promover la formulación de políticas coherentes en todos los departamentos gubernamentales con un enfoque en estrategias de desarrollo económico sostenible que beneficien a los distintos grupos sociales. Ello resulta esencial para reconstruir la confianza y restablecer el contrato social con las comunidades rurales. Con el fin de asegurar políticas inclusivas y sensibles al género, también es necesario garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre la economía y el acceso a los recursos.

El informe también subraya los puntos clave relacionados al éxito del proceso de desarme y reincorporación hasta el momento, enfocado en la situación de las mujeres excombatientes. Por ejemplo, indica que el 39% de las candidatas para las elecciones legislativas fueron mujeres. Por el otro lado, también señala que ha habido bastantes demoras en la implementación de los acuerdos por parte del gobierno con respecto a las mujeres excombatientes. Pero dentro de este escenario las mujeres excombatientes han sido muy independientes y por si mismas han iniciado proyectos productivos con el apoyo de  ONU Mujer y la comunidad internacional. Apenas en junio de 2018, el gobierno adoptó una política de reintegración con acciones específicas de género.

Otro problema importante a abordar con la implementación de los acuerdos es el de la violencia sexual y basada en el género, que ha sido brutal en el conflicto. El sistema de justicia transicional es un aspecto crucial para la reparación de las mujeres. Colombia ha establecido un conjunto de disposiciones para enfrentar los desafíos de la justicia transicional a través de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR), y también ha garantizado la prohibición de indultos y amnistías para los delitos de violencia sexual en conflicto. La prohibición de amnistías para este tipo de delitos resulta importante a los fines de desafiar las preexistentes normas y patrones de discriminación contra las mujeres. También es esencial para que la justicia sea transformadora, ya que el trauma de la violencia sexual en conflicto tiene efectos duraderos no solo en sus sobrevivientes sino también en la sociedad en general. En consecuencia, es esencial que se haga justicia y que se hagan visibles este tipo de violencias contra las mujeres.

Asimismo, el informe explora las iniciativas para garantizar los derechos de las mujeres como la formación de un grupo especializado en violencia sexual dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y los retos una vez que los casos son aceptados en la JEP, la gestión de los procesos judiciales y las medidas para apoyar las víctimas en el proceso. El funcionamiento efectivo del SIVJRNR no solo envíara el mensaje de que la violencia sexual y de género no será tolerada, pudiendo así disuadir el uso futuro de esta violencia.

Aunque los asesinatos en combate han disminuido drásticamente, la violencia sexual en el contexto del conflicto armado en curso sigue siendo una dinámica constante, con variación en los actores armados, pero con un impacto igualmente desproporcionado sobre las mujeres. La falta de garantías significa que las mujeres rurales todavía se mantienen en silencio. Luego de la firma del AFP, se esperaba que sobre todo las mujeres rurales, indígenas, afrocolombianas, campesinas ya no tuviesen que guardar silencio sobre las consecuencias sufridas por el conflicto armado. Pero, por el contrario, las mujeres rurales se sienten intimidadas y temen represalias en su contra si efectúan denuncias, ello a raíz del regreso de los excombatientes a sus comunidades.

El informe también subraya la importancia de que los mecanismos del SIVJRNR establezcan una línea directa de comunicación con las autoridades de mujeres indígenas y afrodescendientes y que el sistema de Justicia Transicional inicie conversaciones con los indígenas sobre la armonización entre esta entidad y el sistema de justicia indígena.

La inclusión del trabajo de las organizaciones de las mujeres de la sociedad civil – que existe en cada rincón de este país trabajando por los derechos humanos – sería esencial para la posibilidad de tener un paz sostenible y duradera. Pero la situación general en Colombia para las personas defensoras de derechos humanos ha provocado alarma a raíz del aumento de asesinatos y ataques en su contra, Esta violencia afecta también a los defensores y las defensoras de las personas LGTBI. En 2017, cada tercer defensor/defensora asesinado en el mundo era colombiana.

Las amenazas dirigidas a las defensoras difieren de las amenazas recibidas por sus homólogos masculinos, el contenido sexista, las alusiones al cuerpo femenino y las insinuaciones sexuales. Las actitudes discriminatorias y desdeñosas mostradas en estas amenazas retratan una visión patriarcal que busca apropiarse del cuerpo femenino.

El trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos sobre el enfoque de género en el Acuerdo de Paz y, más recientemente, en su implementación, ha elevado su visibilidad. Y ha resultado en que las mujeres no solo son atacadas por defender los derechos de los demás, sino que también son castigadas por cruzar el “límite impuesto” socialmente al ganar un lugar visible en la esfera pública. El número de mujeres asesinadas anualmente se duplicó durante los diálogos de paz y nuevamente duplicó entre 2016 a 2017. Hasta la fecha, los avances en la protección de las defensoras de derechos humanos han sido por fuera de los acuerdos del AFP.

En junio de 2018, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que trabaja con el movimiento de mujeres, incluyendo a Sisma Mujer, creó el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, cuya efectividad dependerá de la implementación y de que el sistema de justicia enfrente la impunidad de estos crímenes. Dentro del acuerdo, la comisión de Garantías de Seguridad está encargada de promover y dedicar recursos a la implementación de medidas para asegurar el rápido desmantelamiento de redes criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Pero en dicha comisión, no hay representantes de las organizaciones de mujeres. Sin éxito hasta la fecha, han solicitado ser incluidas. Esta respuesta ignora las medidas contenidas en el Acuerdo para un enfoque de género y las medidas afirmativas a favor de mujeres.

Las desigualdades sociales y económicas han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. Existe un fuerte vínculo entre la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la desigualdad, por lo tanto, cuando se piensa en reparaciones transformadoras para las mujeres, seguridad física y no repetición, es necesario tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas y culturales.

Además, la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones es difícil de lograr si no se aseguran otros derechos básicos, como el acceso a empleos sostenibles, atención médica, vivienda y nutrición, y seguridad y protección para las defensoras de derechos humanos. Las desigualdades en los derechos económicos y sociales son algunas de las causas fundamentales del conflicto, por lo que es vital abordarlas a través de estrategias de desarrollo a fin de lograr para una paz inclusiva, justa y sostenible.

Este informe esencialmente destaca la forma en la que los acuerdos contribuirán en gran medida al cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia. Por ejemplo, el capítulo sobre reforma rural integral puede contribuir a alcanzar –los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se. p.e. el ODS 1,4 dice –abordar el desarrollo rural con un enfoque en las personas pobres y vulnerables y promover un acceso equitativo a los recursos económicos, los servicios básicos, el control de las tierras. La meta 1.B invita a crear marcos normativos sólidos a nivel nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza.

Las medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en el acuerdo de paz también están fuertemente respaldadas por los compromisos internacionales asumidos por Colombia para implementar las resoluciones sobre Mujer Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Resolución General 30 de la CEDAW.

Finalmente, las reparaciones transformadoras, por lo tanto, deben estar conectadas a políticas de desarrollo más amplias y también deben brindar justicia transformadora para las mujeres. Debido a esto, la justicia transicional tiene que no solo abordar la violación singular experimentada, sino también las desigualdades subyacentes que hacen que las mujeres y las niñas sean vulnerables en primer lugar.