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Contexto

70,000 personas como consecuencia de un conflicto armado caracterizado por altos niveles de violencia, donde todos los actores armados atacan a la población civil. A partir del año 2002 el despliegue militar desarrollado por la fuerza pública ha logrado un cambio notable en el equilibrio estratégico del conflicto con relación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia (FARC). Mientras tanto, la estrategia gubernamental dirigida a la negociación y amnistía de miles de paramilitares ha conducido a la reducción del número de violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos, reconocidos por su bien definida organización y su extrema brutalidad. Adicionalmente, la situación de seguridad en los grandes centros urbanos y en las principales vías del país ha mostrado una clara mejora.

Sin embargo, a pesar de obtener algunos logros reconocidos, numerosos aspectos de la vida económica, social y política en Colombia se han deteriorado. Es poco probable que la leve mejoría de los niveles de pobreza, resultado del crecimiento económico reciente, se sostenga durante un periodo de recesión; lo cual sugiere que las causas estructurales de la pobreza no han sido debidamente enfrentadas. El nivel de pobreza en las áreas rurales se mantiene en un índice de 62 por ciento, un indicador bastante alto. Adicionalmente, los niveles de desigualdad en la propiedad de la tierra tienden a profundizarse considerablemente. La distribución de la propiedad agraria, una de las raíces históricas del conflicto, es más desigual que nunca; de acuerdo con las estadísticas oficiales un 0.4 por ciento de los propietarios rurales controlan el 61 por ciento de la tierra.

La población colombiana sufre una de las más graves crisis humanitarias y de derechos humanos en el mundo, cuya expresión más visible es el desplazamiento forzado. En la actualidad Colombia es el segundo país con los mayores índices de desplazamiento forzado, superado únicamente por Sudán. Millones de civiles han tenido que abandonar sus viviendas huyendo de los grupos armados que establecen un rígido control de los territorios y las economías regionales, mientras otros muchos civiles se encuentran confinados en medio de la violencia. Se calcula que entre 3 y 4 millones de personas se han desplazado en contra de su voluntad en los últimos 20 años, ubicando a Colombia como el tercer país en el mundo con la mayor población refugiada. El año 2008 presentó un incremento agudo del número de personas desplazadas forzosamente.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y periodistas que han denunciado violaciones de derechos humanos o abogado por políticas de desarrollo distintas a las imperantes, desempeñan su labor en medio de la violencia y con un alto riesgo para sus vidas. Colombia sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos, el periodismo y la actividad sindical. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, una nueva generación de estas organizaciones armadas ha consolidado un fuerte poder a niveles local y nacional, haciendo frecuentes en esos lugares los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y las masacres, así como las amenazas contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales y activistas políticos. Aunque en algunos casos reconocidos se han presentado algunos avances como resultado de la presión internacional, la impunidad que cubre las violaciones de derechos humanos continúa siendo la norma en Colombia.

 

La política del gobierno británico

El Gobierno británico ha fijado dos objetivos hacia Colombia: respaldar las iniciativas tendientes a reducir las violaciones de derechos humanos, y aportar en la reducción de flujo de cocaína proveniente de Colombia hacia el Reino Unido. Desafortunadamente, los avances en el segundo objetivo han sido tan decepcionantes como en el primero. A pesar del énfasis en lograr detenciones e interceptar cargamentos, el suministro de la droga está en su mejor momento lo que se evidencia con el desplome de los precios de la cocaína en el Reino Unido. Las políticas antidroga del Gobierno colombiano, que incluyen las fumigaciones y la erradicación manual de las plantaciones de coca, han fracasado en su propósito de contener la producción de cocaína la cual está estimada en alrededor de 600 toneladas por año, lo que equivaldría aproximadamente al 60 por ciento de la producción mundial del alcaloide en el año 2007.

Desde ABColombia reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano en algunos campos. Así mismo, apoyamos los objetivos globales del Gobierno británico en Colombia. Sin embargo, pensamos que las estrategias implementadas por los gobiernos tanto colombiano como británico para lograr sus objetivos resultan erradas, pues ignoran las raíces de los problemas para centrarse, en el mejor de los casos, en atender sus síntomas. Mientras el Gobierno británico lleva a cabo un trabajo importante a favor de los derechos de las y los colombianos a la libertad de opinión y asociación, apoyando el trabajo de las agencias de ABColombia en el país, sus propósitos no van a ser alcanzados si no desarrolla un análisis profundo sobre las raíces de los problemas de manera que reajuste sus estrategias de forma más coherente.

Es preciso que tanto el Gobierno británico como el colombiano respondan tanto a las causas profundas del conflicto como a sus catalizadores: la desigualdad, la exclusión política y la represión de la oposición. La producción de cocaína, las violaciones de los derechos humanos y el conflicto armado no van a terminar mientras se opte por un enfoque militar de estos problemas, complementado por precarias medidas de protección. Resulta más adecuado desarrollar un cambio significativo de las políticas económicas y sociales en dirección a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Para lo cual se debe incluir la participación de los sectores más vulnerables de la población colombiana. Sólo de esta manera se podrá interrumpir el ciclo de violencia que ha cegado las vidas de tantas colombianas y colombianos, especialmente de los más pobres y marginados.

En este contexto, resulta fundamental que el Gobierno británico preste especial atención al papel que juegan las empresas británicas en Colombia, garantizando que en ningún caso socaven los objetivos de reducir las violaciones de derechos humanos y atenuar la pobreza. Igualmente, el Reino Unido debe entregar información sobre su controvertido programa de asistencia a las Fuerzas Militares colombianas. El gobierno de los EEUU ha cambiado recientemente gracias en parte a la labor importante de cabildeo de la sociedad civil en Colombia y en los EEUU. La nueva administración ha anunciado que, en el contexto del Plan Colombia, reorientaría su ayuda más para el desarrollo y menos para la asistencia militar.

Por otro lado, hay un nuevo Embajador británico en Bogotá y una nueva Ministra para Latinoamérica en El Ministerio de Asuntos Exteriores (FCO por su sigla en inglés) del Reino Unido. Asimismo, en Colombia, la elección presidencial de 2010 ya se avecina y marca el paisaje político. Todos estos cambios abren posibilidades para reorientar la política hacia Colombia y hace oportuno la publicación de ABColombia para contribuir en este esfuerzo. Instamos al Gobierno británico a utilizar todos los medios a su alcance para defender los derechos humanos y promover un desarrollo sostenible a favor de las personas pobres de Colombia.