Enfrentamientos entre grupos armados ponen en grave peligro a población civil: Sur de Bolívar y Sierra Nevada de Santa Marta.

ABColombia recibe con gran preocupación la noticia de nuestros copartes sobre enfrentamientos entre grupos armados en el departamento de Sur de Bolívar y Sierra Nevada de Santa Marta (El Corazón del Mundo por pueblos indigena). En ambos casos la población civil está atrapada en el medio de los ataques con terribles consecuencias humanitarias. Muchos están huyendo a pueblos y ciudades cercanas en busca de protección, mientras que otros están siendo confinados por la fuerza y utilizados como escudos humanos, mientras los diferentes grupos armados buscan hacerse con el control del territorio, las personas y las economías lícitas e ilícitas.

Seis municipios del sur de Bolívar –Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal – han sido puestos en alto riesgo debido a un aumento de las acciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia/Clan del Golfo (AGC). Un comunicado de la alcaldía de Arenal confirmó que a partir de las 17.00 horas del 9 de octubre de 2023 se intensificaron los enfrentamientos cerca del centro de la localidad.

La Defensoría del Pueblo, revela que los tres grupos se disputan por el control del territorio, economías ilícitas y el negocio de extorsiones. La disputa se ha intensificado debido a que la disidencia de las FARC decidió retomar el control territorial, acto que coincidió con una expansión territorial de las AGC.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que el aumento de la violencia no sólo amenaza la vida de la población civil, sino que también eleva el riesgo de desplazamiento y confinamiento en las zonas afectadas. Llevando a una intensificación de la violencia que amenaza la vida de la población civil, provocando desplazamientos y confinamientos.

Una fuente local informa que, en el pueblo de Mina Café, Morales, las personas están siendo confinadas por paramilitares y utilizadas como escudos humanos. Mientras que otros corregimientos se ven abrumadas por la cantidad de personas que buscan refugio, y de acuerdo con una fuente local, el número de personas desplazadas ha aumentado hasta aproximadamente 1300 personas (cifra final es imposible de confirmar ya que la situación está en cambio constante). También se informa que las AGC, se han secuestrado a dos personas que fueron vistas por última vez cerca del pueblo Dorado, donde hay una base paramilitar permanente. Los desplazados y refugiados, incluidos niños y mujeres embarazadas, se encuentran ahora sin alimentos.

El análisis desde la región es que esta situación se intensificará (inminentemente) ya que no hay indicios de que los grupos armados en disputa vayan a ceder. La población del Sur de Bolívar y la Cordillera de San Lucas antes de estos nuevos enfrentamientos armados ya sufría una emergencia humanitaria histórica agravada por la pandemia.

En la Sierra Nevada de Santa Marta se están produciendo enfrentamientos armados entre los grupos paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) y las AGC que buscan dominar y controlar el territorio. Representantes del Pueblo Indígena Wiwa denuncian graves daños y crímenes contra varias de sus comunidades. Los combates comenzaron la semana pasada en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM). Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), “25 personas han sido asesinadas y dos indígenas Wiwa están desaparecidos”.

Desde octubre de 2021, las organizaciones indígenas denuncian la reconfiguración de la violencia en la región del SNSM, donde grupos armados controlan las principales actividades lícitas e ilícitas. Esta nueva situación ha resultado en la destrucción de bienes culturales, asesinatos de personas, confinamientos, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado de la población. En 2022, según la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) fueron asesinados 108 indígenas de 15 comunidades, y en 2023 esta tendencia continúa.

Hay una variedad de razones por las cuales el conflicto está aumentando en Colombia, lo que resulta en terror, desplazamiento forzado y confinamiento de la población civil, incluso para el control de economías ilícitos y territorios, una demostración de fuerza antes de iniciar negociaciones de paz, mientras los grupos que participan en las negociaciones de paz cuentan con un cese de fuego bilateral, la mayoría de los combates de los últimos meses se han producido entre grupos armados ilegales en territorios ocupados por la población civil.

Es esencial de lograr Acuerdos Humanitarios, en los que todos los grupos armados en territorios locales acepten respetar el derecho de la población civil a permanecer afuera del conflicto y a que se respeten sus vidas y su territorio (como dicta el DIH).

Debido a la ausencia de acciones efectivas de protección y garantía, los masivos riesgos inminentes para las poblaciones de estas dos regiones, es indispensable que el gobierno nacional, departamental, local y todas las instituciones estatales desplieguen urgentemente planes de contingencia para atender el desplazamiento, la situación humanitaria actual e histórico y garantías de regreso.

ABColombia recomienda que:

El estado colombiano

• Busca acuerdos humanitarios regionales con todos los grupos armados para respetar los derechos de los ciudadanos a permanecer fuera del conflicto y que se respeten sus vidas.
• Proporciona Ayuda Humanitaria inmediata a las comunidades desplazadas. Esto debe provenir del gobierno central, ya que los gobiernos locales están buscando por encontrar recursos.
• Cumple las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 034
• Avanzar rápidamente en el diálogo con los grupos armados presentes en estas regiones, así como en acordar un cese de hostilidades.
• El Estado cumple con el Acuerdo de Paz de 2016 y en particular, el capítulo étnico y la política pública recientemente adoptada para el desmantelamiento de organizaciones criminales que amenazan la implementación del Acuerdo de Paz y la vida de las comunidades.
• Dotación urgente en el Sur de Bolívar de alimentos, mantas, colchonetas y atención médica y apoyo psicosocial.

La comunidad internacional

• Las agencias de ayuda internacional deberían responder rápidamente a esta crisis humanitaria.
• La comunidad diplomática y los financiadores multilaterales deberían ayudar a Colombia con recursos y experiencia para implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y en particular, el capítulo étnico y la política pública recientemente adoptada para el desmantelamiento de organizaciones criminales que amenazan la implementación del Acuerdo de Paz y la vida de las comunidades.
• Los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas deben ser examinados por la Corte Penal Internacional (CPI).

viernes, 13 de octubre de 2023

Por mas información contactar Louise Winstanley: Mobile y WhatsApp +447920886874 email: lwinstanley@abcolombia.org.uk